Después del terremoto he insistido en una idea que considero fundamental: los municipios serán la piedra angular de la recuperación de Venezuela.

Cuando pensamos en la reconstrucción, nuestra atención suele dirigirse hacia las grandes obras de infraestructura, los recursos financieros o la ayuda internacional. Sin embargo, existe un nivel del Estado mucho más cercano a las personas donde comienza, en realidad, la reconstrucción del territorio: las oficinas municipales de planificación urbana, catastro e ingeniería.

Son dependencias que pocas veces ocupan titulares de prensa, pero de la calidad de su trabajo depende, en buena medida, que nuestras ciudades sean más seguras, más ordenadas y más resilientes.

El terremoto nos obliga a volver la mirada hacia ellas.

Mucho antes de que se construya un edificio

Las oficinas de planificación urbana y catastro tienen una responsabilidad estratégica que muchas veces pasa desapercibida.

No solo elaboran los planes de desarrollo urbano y las ordenanzas de zonificación. Son las responsables de estudiar el territorio, comprender su comportamiento, identificar las áreas de riesgo, incorporar la información geológica, geotécnica e hidrológica y traducir todo ello en normas que orienten el crecimiento de la ciudad.

Las decisiones que allí se toman determinan dónde es conveniente construir, con qué intensidad puede ocuparse el suelo, qué áreas deben preservarse y cuáles requieren restricciones especiales.

Por eso resulta inevitable hacerse algunas preguntas.

¿Qué estudios territoriales existían en las zonas más afectadas por el terremoto? ¿Se encontraban actualizados? ¿Incorporaban los riesgos sísmicos y geotécnicos más recientes? ¿Fueron considerados en las decisiones de desarrollo urbano?

Son preguntas que no buscan encontrar culpables. Buscan aprender para no repetir errores.

La ingeniería municipal: la última revisión antes de construir

Existe otra oficina igualmente importante y, con frecuencia, poco comprendida por la ciudadanía.

Las ingenierías municipales son las encargadas de revisar los proyectos antes de otorgar los permisos de construcción.

Es cierto que la responsabilidad profesional recae, en última instancia, sobre los arquitectos e ingenieros que diseñan y firman cada proyecto. Así lo establece la legislación venezolana.

Pero la ingeniería municipal cumple una función esencial como instancia de control público: verificar que las edificaciones respeten las variables urbanas, las normas técnicas y las condiciones establecidas en los planes y ordenanzas municipales.

No se trata únicamente de revisar planos.

Se trata de garantizar que el interés colectivo prevalezca sobre decisiones individuales que puedan aumentar la vulnerabilidad de la ciudad.

Una convicción nacida de la experiencia

Hay una razón adicional por la que este tema me resulta especialmente cercano. Tuve el privilegio de dirigir la Oficina de Planeamiento Urbano y Catastro del Municipio Baruta, y esa experiencia cambió para siempre mi manera de entender la ciudad. Allí aprendí que un plan urbano no es un documento que se archiva en una biblioteca, ni una ordenanza es simplemente un conjunto de normas. Detrás de cada estudio de suelo, de cada zonificación, de cada variable urbana y de cada permiso de construcción hay decisiones que terminan influyendo en la seguridad, la calidad de vida y las oportunidades de miles de personas. Con el tiempo comprendí que muchas de las decisiones más importantes para una ciudad no se toman cuando comienza una obra, sino muchos años antes, cuando se planifica el territorio.

El reto que comienza ahora

Sin embargo, el mayor desafío apenas empieza.

Las oficinas municipales no solo deberán participar en la reconstrucción física de las zonas afectadas.

También tendrán que liderar una profunda actualización de sus instrumentos de planificación.

El terremoto obliga a revisar planes urbanos, ordenanzas, mapas de riesgo y criterios de ocupación del suelo a la luz de una nueva realidad geotécnica.

Pero ese desafío va mucho más allá de la seguridad estructural.

Miles de familias perdieron sus viviendas. Muchas también perdieron sus empleos y sus medios de vida.

Habrá que generar nuevo suelo urbanizable, facilitar procesos de relocalización, promover proyectos de vivienda, incorporar equipamientos, crear espacios para nuevas actividades económicas y planificar ciudades capaces de integrar a quienes hoy lo perdieron todo.

Y quizás también pensar en quienes desean regresar a Venezuela.

La reconstrucción puede convertirse en una oportunidad para atraer nuevamente talento, inversión y emprendimiento si el territorio ofrece reglas claras, seguridad jurídica y proyectos urbanos bien concebidos.

El suelo urbano como motor de recuperación

Durante décadas hemos visto el suelo urbano simplemente como un espacio donde construir.

Necesitamos comenzar a verlo como un activo estratégico para el desarrollo.

Una buena planificación puede generar valor económico, atraer inversión privada, revitalizar sectores deteriorados y financiar parte de la propia transformación urbana mediante mecanismos modernos de captura de valor del suelo.

La reconstrucción no consiste únicamente en reemplazar lo que se perdió.

Consiste en construir ciudades mejores que las que existían antes.

La conversación que deberíamos estar teniendo

Por eso creo que hoy debería existir una gran mesa nacional y municipal de reconstrucción urbana.

En ella deberían sentarse los alcaldes, las oficinas municipales de planificación urbana, catastro e ingeniería, las universidades, los colegios profesionales, las cámaras inmobiliarias, las cámaras de la construcción, las cámaras de comercio, los organismos multilaterales y la sociedad civil.

No para discutir únicamente cómo reconstruir lo destruido.

Sino para imaginar qué ciudades queremos construir durante las próximas décadas.

Los desastres naturales destruyen edificios en cuestión de segundos.

Las buenas instituciones, en cambio, requieren años para construirse.

Si queremos una Venezuela más segura, más resiliente y con mayores oportunidades, la reconstrucción también deberá comenzar fortaleciendo esas oficinas municipales que, silenciosamente, deciden el futuro de nuestras ciudades mucho antes de que aparezca el primer ladrillo.