Antes de movilizar miles de millones de dólares para la reconstrucción, los venezolanos tenemos el derecho, y la responsabilidad, de preguntarnos quién tendrá la capacidad, la legitimidad y la responsabilidad de conducir ese proceso.

Hoy la prioridad absoluta es salvar vidas, atender a las víctimas y aliviar el sufrimiento de quienes lo han perdido todo. Esa debe ser la preocupación de todos. Pero mientras esa respuesta avanza, también hay una conversación que no puede esperar: cómo asegurar que la reconstrucción de Venezuela esté guiada por instituciones capaces, transparentes y al servicio de los ciudadanos.

En medio de esta devastación, es imprescindible reconocer el dolor profundo de las víctimas, la angustia de quienes han perdido a sus seres queridos, sus hogares y sus medios de vida, y el sentimiento de incertidumbre que nos atraviesa a todos los venezolanos. Este es un momento de duelo colectivo, pero también de reflexión sobre lo que viene y sobre cómo, como sociedad, podemos comenzar a construir un camino hacia la recuperación con dignidad, solidaridad y responsabilidad compartida.

En las próximos dias comenzaremos a conocer con mayor precisión la dimensión de esta tragedia: el número de víctimas fatales, de personas heridas, de familias que perdieron sus viviendas y sus medios de vida, la magnitud de los daños en la infraestructura y las primeras estimaciones de los recursos necesarios para la recuperación. Todo ello será indispensable para comprender la enorme dimensión del desafío que Venezuela tiene por delante.

Pero antes de preguntarnos quién financiará la reconstrucción de Venezuela, los venezolanos tenemos el derecho, y también la responsabilidad, de preguntarnos quién tendrá la capacidad institucional para administrarla.

No es una pregunta secundaria ni un debate para después de la emergencia. De su respuesta dependerá que la inmensa solidaridad nacional e internacional logre traducirse en viviendas reconstruidas, escuelas abiertas, hospitales funcionando y comunidades que recuperen la esperanza, o que termine diluyéndose entre la improvisación, la corrupción, la falta de transparencia, la falta de coordinación y la ausencia de instituciones capaces de conducir un proceso de esta magnitud.

Venezuela enfrenta esta tragedia después de un largo proceso de deterioro institucional que ha debilitado significativamente la capacidad del Estado para planificar, coordinar, ejecutar y mantener políticas públicas. Esa realidad obliga a mirar más allá de la emergencia inmediata.

La experiencia internacional demuestra que la calidad de la reconstrucción depende menos de la cantidad de recursos disponibles que de la calidad de las instituciones encargadas de administrarlos. Ningún volumen de financiamiento puede sustituir la planificación, la coordinación entre niveles de gobierno, los mecanismos de control, la transparencia y la confianza ciudadana.

Por ello, la conversación no debería centrarse únicamente en cuánto costará reconstruir Venezuela, sino en cómo se gobernará ese proceso y quién tendrá la legitimidad, la capacidad técnica y la credibilidad necesarias para conducirlo.

Hay un hecho que ya está dejando una primera lección de esperanza. Desde las primeras horas posteriores al terremoto, la solidaridad de los venezolanos está desbordando las limitadas capacidades institucionales existentes. Comunidades organizadas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, gremios, iglesias, empresas y miles de ciudadanos están movilizando ayuda incluso antes de una respuesta pública articulada. A esa extraordinaria capacidad de organización se ha integrado una diáspora profundamente comprometida que, desde distintos países, está activando redes de apoyo, está recaudando recursos, está coordinando asistencia técnica y está volviendo a demostrar que sigue siendo parte esencial del presente y del futuro de Venezuela. Esa energía cívica está constituyendo uno de los mayores activos con los que cuenta el país. El desafío será convertir esa capacidad de solidaridad en una arquitectura permanente de colaboración entre ciudadanía, instituciones y comunidad internacional para sostener una reconstrucción que trascienda la emergencia.

Por su parte, Estados Unidos de América tiene hoy una responsabilidad histórica en la reconstrucción de Venezuela. Ningún otro actor reúne hoy la capacidad política, financiera e institucional para articular el apoyo internacional que el país necesitará. Su liderazgo es determinante para movilizar recursos, coordinar a los organismos multilaterales y generar las condiciones que permitan una recuperación sostenida.

Precisamente por ello, la pregunta no es solo cuánto apoyo podrá movilizar la comunidad internacional, sino cómo asegurar que ese liderazgo contribuya a reconstruir las capacidades institucionales del Estado venezolano y no únicamente su infraestructura.

Precisamente por esa influencia, resulta indispensable que desde ahora se plantee una pregunta de fondo: ¿cómo asegurar que el apoyo internacional contribuya a fortalecer la capacidad institucional de Venezuela y no solo a financiar su reconstrucción física?

Los venezolanos tenemos derecho a exigir que esa conversación ocurra. La gobernanza de la reconstrucción no puede darse por sentada. Requerirá mecanismos que garanticen que los recursos lleguen efectivamente a la población, se administren con transparencia, fortalezcan las capacidades de las instituciones públicas y generen confianza tanto entre los ciudadanos como entre quienes decidan acompañar al país en este enorme esfuerzo.

La reconstrucción exige una arquitectura institucional que articule al gobierno nacional, los estados, los municipios, las comunidades, el sector privado, la academia y los organismos multilaterales. Exige reglas claras para priorizar inversiones, mecanismos abiertos de contratación, sistemas de seguimiento y espacios permanentes de rendición de cuentas.

Las instituciones multilaterales también tienen una responsabilidad trascendental. Su aporte no puede limitarse al financiamiento, que hoy enfrenta restricciones importantes derivadas del prolongado impago de la deuda de Venezuela con instituciones como el BID y CAF. Precisamente por ello, su contribución inmediata en asistencia técnica, fortalecimiento institucional, coordinación entre donantes, adopción de estándares internacionales y promoción de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas es aún más determinante. En contextos de alta fragilidad institucional, estas funciones son tan importantes como los propios recursos financieros.

En ese esfuerzo, los municipios tienen un papel decisivo.

La reconstrucción ocurre en el territorio. Es allí donde se restablecen los servicios públicos, se organizan las comunidades, se recuperan las escuelas, los centros de salud y la actividad económica. Los gobiernos locales no pueden ser simples ejecutores de decisiones tomadas desde el nivel central; deben convertirse en protagonistas de la recuperación y en el primer espacio para reconstruir la confianza entre el Estado y los ciudadanos.

La reconstrucción tampoco debe aspirar únicamente a recuperar lo que existía antes del terremoto. La comunidad internacional ha desarrollado un principio ampliamente reconocido: reconstruir mejor. Esto significa aprovechar la recuperación para crear infraestructura más segura y resiliente, mejores sistemas de gestión del riesgo y administraciones públicas más capaces.

En el caso venezolano, ese principio adquiere una dimensión aún mayor. Reconstruir mejor también significa reconstruir instituciones.

Cada escuela que vuelva a abrir sus puertas debería fortalecer la capacidad del sistema educativo. Cada hospital recuperado debería dejar mejores mecanismos de gestión. Cada proyecto de infraestructura debería contribuir a crear capacidades permanentes para planificar, contratar, supervisar y mantener la inversión pública.

El verdadero legado de la reconstrucción no debería medirse únicamente por el número de obras terminadas, sino por la fortaleza de las instituciones que queden al servicio de los ciudadanos cuando la ayuda internacional haya concluido.

Los terremotos destruyen infraestructura en segundos. Reconstruir instituciones toma años.

La reconstrucción de Venezuela no puede ser únicamente un desafío de ingeniería ni de financiamiento. Debe ser también un gran acuerdo nacional sobre cómo queremos gobernar los recursos públicos, fortalecer nuestras instituciones y recuperar la confianza.

Los venezolanos no solo tenemos el derecho de hacer esa pregunta; tenemos el deber de exigir que sea respondida pronto porque de esa respuesta dependerá que el inmenso esfuerzo de recuperación se convierta en una oportunidad para reconstruir un país más fuerte, más transparente y resiliente.

¿Qué condiciones institucionales debemos construir desde hoy para garantizar que la reconstrucción de Venezuela no solo recupere infraestructura y viviendas, sino que también reconstruya la capacidad del Estado para servir a sus ciudadanos?

Esa es una conversación que no puede esperar. Debe comenzar ahora, porque las decisiones que se tomen en las primeras semanas marcarán la calidad de la reconstrucción durante los próximos años.

Escribo estas reflexiones con profundo respeto por el dolor de las víctimas y de mis hermanos venezolanos, con la convicción de que la mejor manera de honrar ese sufrimiento es comenzar desde ahora a pensar cómo reconstruir un país más fuerte, más justo y con mejores instituciones.

La tristeza ha invadido los hogares de nuestra Venezuela. Nuestros niños lloran porque tienen hambre; nuestras mujeres lloran por no tener con qué alimentar a sus hijos; las madres sufren porque la enfermedad y la desnutrición están acabando con la vida de sus niños, que es su propia vida.

Las familias se están desmembrando, cuando no son los jóvenes quienes parten en búsqueda de oportunidades, son los padres quienes se aventuran, dejando muchas veces a sus niños a cargo de familiares con la idea de reunirse en el futuro.

La crisis es tan profunda que supera las predicciones más descabelladas y nada hace pensar que pueda revertirse si las cosas continúan por el camino que pretende seguir imponiendo el régimen.

Este es el peor momento que hemos atravesado los venezolanos, pero son las mujeres las que llevamos la peor parte. Así lo demuestran los indicadores que hablan del estado de los derechos sociales, políticos, económicos y de salud de la las venezolanas.

En un país donde se violan a diario los derechos humanos más fundamentales, las desigualdades asociadas al género agravan aún más la situación para las mujeres.

Nuestra Constitución en su artículo 21 establece que “No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. (…)”

Pero nada de esto se cumple y no será una realidad, mientras continúen en el poder quienes nos hundieron en esta crisis y comulgan con la idea de doblegar al pueblo para perpetuarse en el poder.

La feminización de la pobreza es un hecho que se hace evidente a través de varios aspectos que hemos comentado anteriormente y consideramos oportuno y relevante reiterar.

Aproximadamente 50% de los hogares de nuestro país tienen a una mujer como cabeza de hogar, y en estos la pobreza crítica alcanza 75%.

Aunque no existen cifras oficiales, estudios realizados por Organizaciones No Gubernamentales arrojan que son las mujeres las que comen menos para favorecer al resto del grupo familiar.

Si pasamos al plano laboral, la brecha salarial es un hecho, como también los es que ante la situación económica las primeras que quedan sin empleo son las mujeres.

En la salud tampoco hay datos alentadores. A la crisis que afecta a todos los venezolanos hay que sumarle las consecuencias que tiene para la mujer el 90% de escasez de anticonceptivos: embarazo precoz, embarazo adolescente, un dramático incremento en la mortalidad materna y de las enfermedades de transmisión sexual.

Con respecto al cáncer de mama, no hay tratamiento en nuestro país, y quienes lo padecen tienen que esperar años para operarse.

La violencia sexual también se ha extendido y afecta de forma especial a las mujeres indígenas, quienes son objeto de discriminación, violencia y prostitución forzada  por parte de mineros ilegales, de grupos armados no estatales y también de fuerzas militares.

Hoy en nuestra Venezuela, muchas mujeres se prostituyen porque se les exigen favores sexuales a cambio de comida y trabajo. ¡Esto es una vergüenza y no podemos permitirlo!

La solución pasa por un tema de reconocimiento de la situación y de voluntad para afrontar el problema. Pero la falta de cifras oficiales evidencian lo lejos que estamos de lo primero y de lo segundo.

Esta semana en la Asamblea Nacional propusimos un proyecto de acuerdo para exigir los derechos de las mujeres y un corredor humanitario que contemple sus necesidades.

Los parlamentarios debemos asumir la responsabilidad de recuperar la información, para denunciar y seguir de cerca la situación que vive la mujer venezolana. Todas las diputadas y diputados tenemos que incluir la perspectiva de género en nuestras acciones. Hacerlo forma parte de la construcción del país que queremos.

Una parte importante del objetivo de cuidar a nuestra familia y a nuestra comunidad, se logrará recuperando la democracia y la institucionalidad.

Muchas valiosas mujeres y organizaciones han trabajado por años en la lucha por los derechos de las mujeres, pero queda todavía mucho camino por recorrer y debemos seguir luchando juntas para lograrlos.

Las mujeres debemos hacer el trabajo, no lo harán por nosotras. Estoy segura de que con la ayuda de Dios, la inquebrantable voluntad de las venezolanas nos conducirá por el camino correcto hacia un futuro de progreso, igualdad y oportunidades.

Nuestra Venezuela está malherida. Tiene un estado de deterioro generalizado. Expertos de distintas disciplinas, nacionales y de todos los rincones del mundo, coinciden en la gravedad de los males que la aquejan. Y el tiempo que ha estado sometida a tantos problemas, que se han ido profundizando, también ha afectado su espíritu, que es su gente.

Pero aunque el pueblo está cansado y desmoralizado, todavía arde en cada venezolano la llama de la esperanza, de una cura para nuestra amada tierra.

¡No tengo duda! Esa llama interior, multiplicada por millones y unida en torno a un objetivo común es la que nos permitirá reconstruir a Venezuela. Ese es el espíritu que invadió esta semana a nuestra querida Aula Magna, en el marco del nacimiento del Frente Amplio.

Una inyección de optimismo, de energía, de protagonismo ciudadano y trabajo colaborativo que se multiplicará por todo el territorio para activar un proceso de cambio para sanar a Venezuela.

Si de algo puedo dar fe, en mi vida como servidora pública, es del rol fundamental de las comunidades en el logro de las soluciones a los problemas que las afectan. Más aún, no es posible superarlos si los ciudadanos no se involucran.

Por eso soy optimista y desde aquí hago un llamado para que desempolvemos la esperanza que el régimen se ha empeñado en destruir, porque ahora es más necesaria que nunca.

Vale la pena luchar por Venezuela, por rescatar la democracia, por devolver a los venezolanos las ganas de permanecer y de regresar a esta tierra, de colmarla de oportunidades, progreso y calidad de vida.

La mayoría de la población está descontenta y de lo que se trata es de canalizar ese malestar y las aspiraciones a través de la participación.

La mayoría de los venezolanos quiere buscar el cambio a través de vías pacíficas y democráticas, lo que incluye el camino del sufragio, pero definitivamente en las condiciones actuales, no existen garantías electorales.

De allí la necesidad de organizarse para luchar también por la restitución de los derechos políticos que nos permitirán un cambio de gobierno y, con él, de las políticas que nos hundieron en la peor crisis de nuestra historia.

Tal como están planteadas las elecciones convocadas para el 20 de mayo, no son más que un simulacro fraudulento e ilegítimo. No cumplen los requisitos mínimos de una elección. Votar no es sinónimo de elegir y eso es algo que el gobierno trata de ocultar.

Son múltiples las irregularidades en el proceso: Obstaculizaron la participación, acortando el lapso para la recolección de firmas en el caso de grupos de electores y candidaturas por iniciativa propia y eliminando los partidos políticos -de 67 organizaciones con fines políticos registradas en 2016, se pasó a 18 tras los procesos de revalidación; se acortó de 11 a 2 días el lapso para presentar las postulaciones; se redujo de 118 a 1 el número de días para modificar o sustituir candidaturas; se eliminaron auditorías clave del proceso; se eligió de forma arbitraria la fecha, con un acortamiento inaudito de los plazos para convocar la elección, que en 2012 fue de más de 6 meses y en 2009 de más de 9 meses; también se redujo el período para la acreditación de testigos; y aunque se anunció una nueva jornada especial de Registro Electoral, durante el primer período, que se limitó a 10 días, se redujo considerablemente el número de puntos y no se publicó la información exacta sobre su ubicación, tal como lo establece la ley electoral.

Con su actuación el gobierno y su poder electoral a la medida están violando de forma flagrante la Constitución y las leyes. Un solo artículo, el 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales nos permite ejemplificarlo: “El proceso electoral se rige por los principios de democracia, soberanía, responsabilidad social, colaboración, cooperación, confiabilidad, transparencia, imparcialidad, equidad, igualdad, participación popular, celeridad, eficiencia, personalización del sufragio y representación proporcional”.

Es evidente el interés de quienes convocaron esta elección. Buscan simplemente una manera de perpetuarse en el poder, pero no lograron el objetivo de legitimar el proceso y tanto en Venezuela como más allá de nuestras fronteras resuena el rechazo a este llamado al voto.

La denuncia ante la crisis humanitaria que estamos viviendo y la exigencia de restitución de los derechos de los venezolanos es un clamor de organizaciones civiles, mandatarios, organismos regionales y mundiales.

Esta misma semana el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó su informe anual y denunció la crisis política, social y humanitaria en Venezuela. Especificó que la situación política y social no reúne las mínimas condiciones para poder celebrar elecciones presidenciales.

Y si bien es cierto que nuestros problemas tenemos que resolverlos los venezolanos, el apoyo internacional que existe por la magnitud de la crisis, será determinante para avanzar en el camino hacia el cambio.

En ese proceso es fundamental el rol de las venezolanas. Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es momento oportuno para reiterarlo. No es una fecha para celebrar sino para reflexionar y para denunciar el retroceso que se evidencia en la mayoría de los derechos de las mujeres. Pero es también un día para aplaudir, agradecer y sumarse a la incansable labor de las organizaciones que luchan en defensa de los derechos de las venezolanas.

Tenemos que seguir adelante, no podemos permitir que nadie se quede atrás, cada niña, cada niño, cada mujer y cada hombre tienen derecho a un país que les permita desarrollar su potencial.

No podemos permitir que el régimen siga destruyendo a nuestra Venezuela. Crezcamos como fuerza basados en aquello que nos une y nutramos ese esfuerzo con todos los puntos de vista que lo enriquecen.

¡Venezuela no se detiene y nos necesita unidos para su reconstrucción!

“El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”, así se lee en el Artículo 19 de nuestra Carta Magna.

Un dicho popular dice que el papel aguanta todo y lamentablemente, en manos del actual gobierno, nuestra Constitución se ha convertido en letra muerta.

El respeto a los derechos humanos de los venezolanos está muy lejos de ser una realidad, más bien vemos cómo a diario son vulnerados y son nuestras mujeres las que llevan la peor parte, con lo que, además, también se incumple el artículo 21 de la Constitución, según el cual “todas las personas son iguales ante la ley”.

Son diversos los ámbitos en los que se manifiesta la desigualdad de género, la ocupación de ciertos cargos tanto en la empresa privada como en el sector público y la remuneración son algunos de ellos, pero la falta de igualdad se observa incluso en aspectos tan fundamentales como la alimentación.

Puede parecer insólito pero cifras mundiales, latinoamericanas y también locales así lo demuestran. En casi el 66 por ciento de los países las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de sufrir inseguridad alimentaria. Son las mujeres y las niñas las más afectadas cuando por alguna razón disminuye la cantidad de alimentos en la mesa familiar. Pues suelen ser ellas las que consumen menos alimentos nutritivos para garantizarlos a los demás.

Refresquemos los datos del informe de Mujeres al límite de finales de 2017: De cada 100 niños con retardo en el crecimiento por déficit nutricional crónico, 53 fueron niñas y 47 fueron niños. En ese mismo sentido, según  Cáritas hasta en un 80% de los hogares se ha disminuido el consumo y variedad de los alimentos, y es la mujer la que deja de comer en el 60% de los estos.

En nuestra Venezuela, mes a mes, para nuestro pueblo se hace más difícil acceder a los alimentos. Su precio sufre una carrera ascendente desenfrenada, cada vez más distante de los ingresos.

La cantidad, variedad y calidad de los alimentos que se colocan en la mesa de los venezolanos se ha deteriorado de forma alarmante debido a la escasez y la hiperinflación.

La desnutrición sigue creciendo y pone en riesgo la vida de nuestro pueblo, que se encuentra en modo supervivencia.

Según la encuesta ENCOVI, cuyos resultados se dieron a conocer la semana pasada, más del 60 por ciento de los venezolanos reconoce acostarse con hambre por no tener dinero para comprar alimentos. En total 80 por ciento de los hogares presenta una situación de inseguridad alimentaria.

Según la ONU -en su informe Convirtiendo promesas en oportunidades: la igualdad de género en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible-, en Venezuela 33,01 por ciento de las mujeres padece inseguridad alimentaria moderada o severa, en comparación del 30,89 por ciento de los hombres, una brecha de 2,12 por ciento.

Las mujeres ganan menos que los hombres, son las que destinan más tiempo a tareas no remuneradas, como es el caso de los cuidados domésticos y tienen menos posibilidades de acceder al mercado laboral.

Ante esta situación no se espera una respuesta proteccionista, de lo que se trata es de generar las condiciones para que las mujeres tengan la oportunidad de contribuir con la búsqueda de alternativas para que ellas y sus familias salgan adelante.

En Venezuela las mujeres pasan interminables horas en colas y peregrinando en búsqueda de alimentos y productos básicos. Además las tareas más cotidianas, como lavar o cocinar se convierten en grandes retos por la falta de agua y gas, por poner tan solo dos ejemplos. ¿Cuál es el tiempo entonces que pueden destinar al trabajo? ¿De tenerlo cuál es la calidad de ese tiempo? Al final, eso repercute en sus posibilidades de obtener y mantener un empleo de calidad.

Mencionamos en una entrega anterior que, según estudios del Banco de Desarrollo de América Latina, incorporar a las mujeres masivamente al sector productivo, pudiera aumentar en 34 por ciento el crecimiento de la región, lo que es respaldado por la ONU.

Según este organismo, que las mujeres accedan al mercado laboral sería un avance en lo que a igualdad se refiere pero también tendría un impacto positivo en la economía.

Entre las recomendaciones de la ONU está la necesidad de políticas integradas para generar sinergias que apunten a lograr la igualdad de género lo que, a su vez, es un factor que coadyuvaría en el cumplimiento de la agenda 2030.

Según el organismo si las mujeres tienen posibilidades de disminuir su carga de trabajo no remunerado pueden acceder a oportunidades de empleo.  Pero la solución a todo problema pasa por la necesidad de dimensionarlo, por lo que una de las recomendaciones es contar con estadísticas adecuadas, lo que también puede contribuir con la rendición de cuentas de quienes tienen en sus manos responsabilidades asociadas con el logro de la igualdad de género.

Lo que se necesita es voluntad. Hay que pasar del discurso a la acción y eso requiere un trabajo conjunto de los distintos niveles de la administración pública, el sector privado y la sociedad civil. Pero ya sabemos que en manos de este régimen que nos destruye no habrá ninguna solución.

Por eso debemos rescatar la democracia para crear un ambiente en el que se respeten las leyes y surjan las condiciones económicas necesarias para que los venezolanos podamos recuperar la calidad de vida de nuestro pueblo y reconstruir al país.

Hay que tomar conciencia de la importancia de que cada venezolana y venezolano se convierta en parte de la solución. Cada esfuerzo cuenta y hay que asumirlo en primera persona.

Tendamos la mano a nuestras mujeres, para que puedan desarrollar sus capacidades y contribuir con la reconstrucción de sus vidas, la de sus familias, sus comunidades y el país. ¡Pero cuidado! Dar la mano no es recurrir a dádivas, de lo que estamos hablando es de ofrecer herramientas, condiciones y oportunidades para el progreso.

Mirando a los ojos de las niñas, las mujeres y las abuelas de nuestro país se encuentra un tesoro. Es verdad que la tristeza está allí, pero no está sola, la acompañan un inmenso amor por su familia y una fuerza única para sobreponerse a las situaciones más difíciles.

Me siento profundamente orgullosa de ser mujer y de ser venezolana y estoy convencida de que apuntalando el desarrollo de nuestras mujeres estaremos colocando los cimientos para la recuperación de nuestra amada Venezuela.

 

“La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de buen gobierno”. Esta frase del exsecretario general de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz, Kofi Annan, señala un rumbo a seguir a los Gobiernos del mundo y Venezuela no es la excepción.

Garantizar los derechos humanos, incluida la igualdad de género, no es sólo un objetivo, es un medio para el desarrollo.

Según estudios del Banco de Desarrollo de América Latina, incorporar a las mujeres masivamente al sector productivo, pudiera aumentar en 34 por ciento el crecimiento de la región.

Venezuela ha suscrito y ratificado 11 acuerdos internacionales relacionados con los derechos humanos y todos contemplan disposiciones para promover y proteger los derechos humanos de las mujeres.

Según el artículo 23 de nuestra Carta Magna, los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y su aplicación debe ser inmediata y directa por parte de los tribunales y de todos los órganos del Estado.

A pesar de ello, la situación de nuestras mujeres no muestra avances. Según el ranking global de 2016, Venezuela tiene una brecha de género de 69,37 por ciento, que la ubica en el puesto 74 de la clasificación mundial y está entre los 6 países con peor desempeño en la región en lo que se refiere a este indicador.

Este índice mide la diferencia entre mujeres y hombres en lo que se refiere a salud, educación, economía e indicadores políticos y refleja la medida en que se están distribuyendo los recursos y oportunidades entre los hombres y mujeres en los 142 países que son evaluados.

En Venezuela los derechos humanos de toda la población son violados a diario, pero las mujeres son uno de los grupos más sensibles en cuatro aspectos fundamentales: la vida pública y política, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a un nivel de vida digno, la violencia contra la mujer y el acceso a la justicia.

Existen leyes y normas que apuntan a una mayor protección del embarazo y la maternidad, pero los avances son pocos y es en este aspecto en el que voy a concentrarme en estas líneas.

Somos el país con el mayor número de embarazo adolescente de la región. En 2016 la tasa de fecundidad de niñas entre los 15 y 19 años fue de 95 por cada 1.000, mientras en el 2015 fue de 93 por cada 1.000, según cifras oficiales entregadas al Fondo de Población de las Naciones Unidas, lo que hace presumir que la estadística, de por sí alarmante, podría ser todavía mayor.

El embarazo adolescente induce al estancamiento. Les roba el futuro a las niñas y al país. Una adolescente que sale embarazada suele abandonar el sistema educativo y ve dificultada su inserción en el mercado laboral.

Desde 2013 ha ido creciendo de forma sostenida la tasa de mortalidad materna. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, aumentó 65,79% en 2016.

Y el Gobierno lo que hace es burlarse. Su respuesta es ofrecer dinero, como si con un bono se pudiera atender un problema estructural de la magnitud que acabamos de plantear. Sus acciones efectistas y carentes de estrategia no resuelven la situación.

Es una cuesta muy difícil de superar y parte de la solución está en el esfuerzo que hagamos por reducir la brecha de desigualdad, lo que pasa también por una mayor integración de la mujer en la vida política y pública, para que se cumpla lo establecido en las convenciones internacionales y en nuestras leyes.

No podemos permitir que un Gobierno irresponsable continúe llevando a las venezolanas a situaciones extremas en las que difícilmente logran sobrevivir.

Hoy la madre venezolana ve morir a sus hijos por el hambre, la falta de medicinas, la delincuencia o luchando por sus derechos; los ve partir del país buscando oportunidades en otras tierras. Nuestras mujeres no están destinadas a buscar en la basura algo para llevarse a la boca. ¡Esto tiene que cambiar!

Garantizándoles realmente el acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a las decisiones políticas y económicas, tendrán oportunidades para superarse.

He dedicado mi vida al servicio público y en todos estos años he trabajado por y con las mujeres. He sido testigo de su sufrimiento pero también de su fuerza, su valor y su tenacidad para superarse.

¡Aprendamos de su ejemplo y convirtamos cada obstáculo en una razón más para luchar por nuestras mujeres y por nuestra Venezuela!

A lo largo de 18 años la valentía de Linda Loaiza ha dejado al descubierto uno de los lados más oscuros del régimen.

Linda pasó de ser torturada sistemáticamente durante cuatro meses por su agresor, a sufrir la tortura continuada de un Estado que, estando obligado a defenderla, lo que hizo fue señalarla para proteger al victimario.

 

Repasando lo vivido por Linda, desde entonces, hasta el sol de hoy, uno ve aparecer los monstruos que nos condujeron hasta donde estamos ahora y que tanto dolor han causado y siguen produciendo a los venezolanos.

La impunidad ha crecido como todos los males del país. Los criminales actúan amparados por un Estado igualmente criminal, por un sistema de “justicia” podrido, que convierte a los victimarios en víctimas y a las víctimas en delincuentes.

En 20 años, el número de hogares en Venezuela con jefatura femenina, pasó de 24 a 39%.

En ese contexto, lejos de impulsar políticas para que la mujer desarrolle sus capacidades, el Gobierno se limita, como en todos los ámbitos, a invertir en medidas cosméticas y propagandísticas, mientras sigue empujando la crisis que afecta cada uno de los aspectos de la vida de los venezolanos y en especial de nuestras mujeres.

Linda Loaiza le puso nombre a la vulneración de los derechos humanos de las mujeres.

Su rostro representa a cada una de las venezolanas que sufren la violencia de género, en un país con un gobierno que se dice feminista.

Tal como se afirma en el informe Mujeres al Límite, realizado por CEPAZ, AVESA, la Asociación Civil Mujeres en Línea y FREYA, es prácticamente imposible conocer las dimensiones de la violencia contra las mujeres en Venezuela. Desde hace dos años no se cuenta con cifras del Ministerio Público, y el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer) tampoco lleva un sistema de registro de casos.

La Fiscalía sólo reporta la cifra total de femicidios desde el año 2014, pero la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV), tipifica 21 formas de violencia contra las mujeres.

La ineficiencia del sistema de justicia para atender a las venezolanas víctimas de violencia las lleva a procurar resolver el problema al margen de la ley y de las instituciones del Estado.

Crean organismos para supuestamente proteger a la mujer y reparten dinero que no soluciona nada, pero para nadie es un secreto que es inexistente la preocupación del Estado venezolano por las mujeres y que la impunidad lleva a que la violencia se haga cada día más presente.

Para marzo de 2016, se estimaba que 50% de las venezolanas había sido víctima de algún tipo de violencia por parte de su pareja, según el Fondo de Población para el desarrollo en Venezuela.

Pero la violencia no es sólo física, lo que padecen las mujeres a diario por la situación social y económica, es también un tipo de violencia y la actuación o la falta de esta por parte del gobierno es ciertamente criminal.

El caso de Linda Loaiza, tuvo 59 inhibiciones, pasó por las manos de 76 Jueces y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y las audiencias fueron diferidas en 38 oportunidades.

Ante la falta de respuesta Linda acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo el primer caso venezolano de violencia contra la mujer que llega a esa instancia.

“Quería justicia y es lo único que le he pedido al Estado venezolano. Nada me devolverá mi vida anterior a esta tragedia, pero esperaba sentir que el culpable lo pagaría de alguna manera. Me sobrepuse y me dediqué a buscar justicia. Allí me enfrenté a otra forma de tortura: la sordera del sistema judicial hacia la violencia contra las mujeres. Aprendí que la justicia no existe para quienes no tienen poder y menos para las mujeres”, expresó Linda.

Hablamos de un problema estructural, que amerita un verdadero compromiso, que parta del reconocimiento del problema.

La humillación y la tortura que viven nuestras mujeres no se resuelve con bonos y medidas demagógicas. Pero es mucho pedir que los monstruos que nos trajeron hasta aquí reconozcan su responsabilidad y corrijan el rumbo.

El caso de Linda es una fiel demostración. La forma como se burlaron de su sufrimiento y de sus derechos, no necesita mucha explicación. No hay justificación, no hay atenuantes.

No existe un Plan Nacional en contra de la violencia contra las mujeres, que es precisamente la exigencia que hace la Comisión Interamericana de Derechos tras la audiencia de Linda Loaiza esta semana: “Venezuela debe diseñar e implementar una política nacional en materia de prevención de la violencia contra la mujer y de género que incluya mecanismos efectivos de supervisión y fiscalización”.

Linda nos ha dado un ejemplo de valor, constancia y determinación al denunciar al Estado en instancias internacionales. Es por ella y por todas las mujeres venezolanas que seguimos en la lucha.

No caigamos en la desesperanza. Como bien ha dicho Linda ¡Rendirse no es una opción!