Por Adriana D’Elia

Durante las últimas semanas hemos hablado, con razón, de viviendas destruidas, carreteras colapsadas, hospitales afectados y miles de familias que lo perdieron todo. La dimensión humana de la tragedia exige concentrar los esfuerzos en atender la emergencia y aliviar el sufrimiento de quienes resultaron más afectados. Sin embargo, a medida que comienzan las discusiones sobre la recuperación, resulta inevitable preguntarse si estamos formulando las preguntas correctas.

La lectura del informe Global Rapid Post-Disaster Damage Estimation (GRADE) elaborado por el Banco Mundial, junto con la revisión de la literatura más reciente sobre Estados frágiles desarrollada por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, me llevó a una conclusión que cambia de manera importante la forma en que deberíamos pensar la reconstrucción de Venezuela: el terremoto no creó la fragilidad del país; simplemente la hizo visible.

Esta distinción es mucho más que un matiz conceptual. Explica por qué terremotos de magnitudes similares producen consecuencias tan distintas entre países. Japón, Chile o Nueva Zelanda han enfrentado eventos sísmicos comparables, pero sus procesos de recuperación han sido radicalmente diferentes. La diferencia no reside únicamente en la intensidad del movimiento telúrico, sino en la fortaleza de las instituciones, en la calidad de la planificación urbana, en el cumplimiento de las normas de construcción, en la capacidad de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y, sobre todo, en la posibilidad de que el Estado responda con eficacia cuando la sociedad más lo necesita.

En ese sentido, los desastres naturales terminan convirtiéndose también en una prueba de las capacidades del Estado. No ponen a prueba únicamente la resistencia de las edificaciones o de la infraestructura; ponen a prueba la calidad de las instituciones, la solidez de la gobernanza y la capacidad de un país para organizar una respuesta colectiva frente a una crisis de gran magnitud.

Precisamente esa es la perspectiva que ha ido consolidándose en los principales organismos internacionales. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional utilizan el concepto de Fragility, Conflict and Violence (FCV) para describir contextos donde las capacidades institucionales son insuficientes para gestionar crisis complejas. La OCDE entiende la fragilidad como el resultado de la interacción entre una elevada exposición a riesgos y una capacidad limitada para enfrentarlos. El Marco de Sendai de las Naciones Unidas, por su parte, plantea que el riesgo de desastre no depende exclusivamente de la amenaza natural, sino también de la vulnerabilidad acumulada y de la capacidad institucional para prevenir, responder y recuperarse.

Desde esta perspectiva, la reconstrucción deja de ser un problema exclusivamente de ingeniería para convertirse en un desafío de desarrollo. Esa es, a mi juicio, la principal lección que deja el terremoto y, al mismo tiempo, la mayor oportunidad que tiene hoy Venezuela.

En este sentido, resulta especialmente interesante que el propio informe GRADE no se limite a cuantificar daños físicos o pérdidas económicas. Una parte sustancial del análisis está dedicada a examinar las vulnerabilidades preexistentes, el contexto económico y social del país y las condiciones institucionales que influirán en el proceso de recuperación. En otras palabras, el informe reconoce que los efectos del terremoto no pueden comprenderse plenamente sin analizar el estado en que se encontraba Venezuela antes del 24 de junio de 2026.

Aceptar ese diagnóstico obliga también a replantear la estrategia de recuperación. Si las debilidades institucionales, económicas y territoriales precedían al desastre, entonces reconstruir únicamente la infraestructura dañada significaría, en buena medida, restaurar las mismas condiciones que hicieron al país más vulnerable. El objetivo no puede ser regresar exactamente al punto donde estábamos antes del terremoto, porque ese punto de partida ya estaba marcado por profundas fragilidades.

La verdadera pregunta, entonces, no es solamente cómo reconstruir las viviendas, las carreteras o los hospitales que se perdieron. La pregunta de fondo es cómo aprovechar este enorme esfuerzo de reconstrucción para fortalecer las capacidades del Estado y reducir las vulnerabilidades que el terremoto dejó al descubierto.

Esa diferencia cambia por completo la lógica de las inversiones. Reconstruir una escuela debería significar también fortalecer la capacidad del municipio para administrarla y mantenerla. Recuperar una comunidad debería ser una oportunidad para actualizar catastros, mejorar la planificación urbana y reducir la exposición frente a futuros riesgos. Rehabilitar una carretera debería incorporar estándares modernos de resiliencia, y apoyar a las familias afectadas debería incluir mecanismos que les permitan recuperar no sólo su vivienda, sino también sus medios de vida y su autonomía económica.

La experiencia internacional demuestra que los países que mejor han enfrentado grandes desastres son aquellos que entendieron que la reconstrucción no consiste simplemente en reemplazar lo que se perdió. Consiste en aprovechar ese proceso para construir instituciones más sólidas, mejorar la planificación territorial y fortalecer las capacidades que permitirán responder con mayor eficacia a la siguiente crisis. Ese es, precisamente, el espíritu del principio de Build Back Better, promovido por las Naciones Unidas y el Banco Mundial, que propone utilizar la recuperación para construir territorios y sociedades más resilientes.

Una tragedia no puede considerarse una oportunidad. El sufrimiento de quienes perdieron familiares, hogares o medios de vida impide cualquier lectura en ese sentido. Lo que sí puede convertirse en una oportunidad es la reconstrucción. Si se diseña adecuadamente, puede impulsar una transformación profunda de la manera en que planificamos nuestras ciudades, fortalecemos nuestros municipios, gestionamos los riesgos y coordinamos las políticas públicas.

Al final, el éxito de este proceso no debería medirse únicamente por el número de viviendas reconstruidas o de kilómetros de carretera rehabilitados. Debería medirse también por la capacidad que tengamos para dejar un Estado más preparado, instituciones más fuertes y territorios menos vulnerables que los que existían antes del terremoto. Porque, en definitiva, la verdadera reconstrucción no consiste solamente en recuperar lo que se perdió, sino en reducir las fragilidades que el desastre hizo visibles y construir un país con mayor capacidad para enfrentar el futuro.

Antes de movilizar miles de millones de dólares para la reconstrucción, los venezolanos tenemos el derecho, y la responsabilidad, de preguntarnos quién tendrá la capacidad, la legitimidad y la responsabilidad de conducir ese proceso.

Hoy la prioridad absoluta es salvar vidas, atender a las víctimas y aliviar el sufrimiento de quienes lo han perdido todo. Esa debe ser la preocupación de todos. Pero mientras esa respuesta avanza, también hay una conversación que no puede esperar: cómo asegurar que la reconstrucción de Venezuela esté guiada por instituciones capaces, transparentes y al servicio de los ciudadanos.

En medio de esta devastación, es imprescindible reconocer el dolor profundo de las víctimas, la angustia de quienes han perdido a sus seres queridos, sus hogares y sus medios de vida, y el sentimiento de incertidumbre que nos atraviesa a todos los venezolanos. Este es un momento de duelo colectivo, pero también de reflexión sobre lo que viene y sobre cómo, como sociedad, podemos comenzar a construir un camino hacia la recuperación con dignidad, solidaridad y responsabilidad compartida.

En las próximos dias comenzaremos a conocer con mayor precisión la dimensión de esta tragedia: el número de víctimas fatales, de personas heridas, de familias que perdieron sus viviendas y sus medios de vida, la magnitud de los daños en la infraestructura y las primeras estimaciones de los recursos necesarios para la recuperación. Todo ello será indispensable para comprender la enorme dimensión del desafío que Venezuela tiene por delante.

Pero antes de preguntarnos quién financiará la reconstrucción de Venezuela, los venezolanos tenemos el derecho, y también la responsabilidad, de preguntarnos quién tendrá la capacidad institucional para administrarla.

No es una pregunta secundaria ni un debate para después de la emergencia. De su respuesta dependerá que la inmensa solidaridad nacional e internacional logre traducirse en viviendas reconstruidas, escuelas abiertas, hospitales funcionando y comunidades que recuperen la esperanza, o que termine diluyéndose entre la improvisación, la corrupción, la falta de transparencia, la falta de coordinación y la ausencia de instituciones capaces de conducir un proceso de esta magnitud.

Venezuela enfrenta esta tragedia después de un largo proceso de deterioro institucional que ha debilitado significativamente la capacidad del Estado para planificar, coordinar, ejecutar y mantener políticas públicas. Esa realidad obliga a mirar más allá de la emergencia inmediata.

La experiencia internacional demuestra que la calidad de la reconstrucción depende menos de la cantidad de recursos disponibles que de la calidad de las instituciones encargadas de administrarlos. Ningún volumen de financiamiento puede sustituir la planificación, la coordinación entre niveles de gobierno, los mecanismos de control, la transparencia y la confianza ciudadana.

Por ello, la conversación no debería centrarse únicamente en cuánto costará reconstruir Venezuela, sino en cómo se gobernará ese proceso y quién tendrá la legitimidad, la capacidad técnica y la credibilidad necesarias para conducirlo.

Hay un hecho que ya está dejando una primera lección de esperanza. Desde las primeras horas posteriores al terremoto, la solidaridad de los venezolanos está desbordando las limitadas capacidades institucionales existentes. Comunidades organizadas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, gremios, iglesias, empresas y miles de ciudadanos están movilizando ayuda incluso antes de una respuesta pública articulada. A esa extraordinaria capacidad de organización se ha integrado una diáspora profundamente comprometida que, desde distintos países, está activando redes de apoyo, está recaudando recursos, está coordinando asistencia técnica y está volviendo a demostrar que sigue siendo parte esencial del presente y del futuro de Venezuela. Esa energía cívica está constituyendo uno de los mayores activos con los que cuenta el país. El desafío será convertir esa capacidad de solidaridad en una arquitectura permanente de colaboración entre ciudadanía, instituciones y comunidad internacional para sostener una reconstrucción que trascienda la emergencia.

Por su parte, Estados Unidos de América tiene hoy una responsabilidad histórica en la reconstrucción de Venezuela. Ningún otro actor reúne hoy la capacidad política, financiera e institucional para articular el apoyo internacional que el país necesitará. Su liderazgo es determinante para movilizar recursos, coordinar a los organismos multilaterales y generar las condiciones que permitan una recuperación sostenida.

Precisamente por ello, la pregunta no es solo cuánto apoyo podrá movilizar la comunidad internacional, sino cómo asegurar que ese liderazgo contribuya a reconstruir las capacidades institucionales del Estado venezolano y no únicamente su infraestructura.

Precisamente por esa influencia, resulta indispensable que desde ahora se plantee una pregunta de fondo: ¿cómo asegurar que el apoyo internacional contribuya a fortalecer la capacidad institucional de Venezuela y no solo a financiar su reconstrucción física?

Los venezolanos tenemos derecho a exigir que esa conversación ocurra. La gobernanza de la reconstrucción no puede darse por sentada. Requerirá mecanismos que garanticen que los recursos lleguen efectivamente a la población, se administren con transparencia, fortalezcan las capacidades de las instituciones públicas y generen confianza tanto entre los ciudadanos como entre quienes decidan acompañar al país en este enorme esfuerzo.

La reconstrucción exige una arquitectura institucional que articule al gobierno nacional, los estados, los municipios, las comunidades, el sector privado, la academia y los organismos multilaterales. Exige reglas claras para priorizar inversiones, mecanismos abiertos de contratación, sistemas de seguimiento y espacios permanentes de rendición de cuentas.

Las instituciones multilaterales también tienen una responsabilidad trascendental. Su aporte no puede limitarse al financiamiento, que hoy enfrenta restricciones importantes derivadas del prolongado impago de la deuda de Venezuela con instituciones como el BID y CAF. Precisamente por ello, su contribución inmediata en asistencia técnica, fortalecimiento institucional, coordinación entre donantes, adopción de estándares internacionales y promoción de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas es aún más determinante. En contextos de alta fragilidad institucional, estas funciones son tan importantes como los propios recursos financieros.

En ese esfuerzo, los municipios tienen un papel decisivo.

La reconstrucción ocurre en el territorio. Es allí donde se restablecen los servicios públicos, se organizan las comunidades, se recuperan las escuelas, los centros de salud y la actividad económica. Los gobiernos locales no pueden ser simples ejecutores de decisiones tomadas desde el nivel central; deben convertirse en protagonistas de la recuperación y en el primer espacio para reconstruir la confianza entre el Estado y los ciudadanos.

La reconstrucción tampoco debe aspirar únicamente a recuperar lo que existía antes del terremoto. La comunidad internacional ha desarrollado un principio ampliamente reconocido: reconstruir mejor. Esto significa aprovechar la recuperación para crear infraestructura más segura y resiliente, mejores sistemas de gestión del riesgo y administraciones públicas más capaces.

En el caso venezolano, ese principio adquiere una dimensión aún mayor. Reconstruir mejor también significa reconstruir instituciones.

Cada escuela que vuelva a abrir sus puertas debería fortalecer la capacidad del sistema educativo. Cada hospital recuperado debería dejar mejores mecanismos de gestión. Cada proyecto de infraestructura debería contribuir a crear capacidades permanentes para planificar, contratar, supervisar y mantener la inversión pública.

El verdadero legado de la reconstrucción no debería medirse únicamente por el número de obras terminadas, sino por la fortaleza de las instituciones que queden al servicio de los ciudadanos cuando la ayuda internacional haya concluido.

Los terremotos destruyen infraestructura en segundos. Reconstruir instituciones toma años.

La reconstrucción de Venezuela no puede ser únicamente un desafío de ingeniería ni de financiamiento. Debe ser también un gran acuerdo nacional sobre cómo queremos gobernar los recursos públicos, fortalecer nuestras instituciones y recuperar la confianza.

Los venezolanos no solo tenemos el derecho de hacer esa pregunta; tenemos el deber de exigir que sea respondida pronto porque de esa respuesta dependerá que el inmenso esfuerzo de recuperación se convierta en una oportunidad para reconstruir un país más fuerte, más transparente y resiliente.

¿Qué condiciones institucionales debemos construir desde hoy para garantizar que la reconstrucción de Venezuela no solo recupere infraestructura y viviendas, sino que también reconstruya la capacidad del Estado para servir a sus ciudadanos?

Esa es una conversación que no puede esperar. Debe comenzar ahora, porque las decisiones que se tomen en las primeras semanas marcarán la calidad de la reconstrucción durante los próximos años.

Escribo estas reflexiones con profundo respeto por el dolor de las víctimas y de mis hermanos venezolanos, con la convicción de que la mejor manera de honrar ese sufrimiento es comenzar desde ahora a pensar cómo reconstruir un país más fuerte, más justo y con mejores instituciones.

La tristeza ha invadido los hogares de nuestra Venezuela. Nuestros niños lloran porque tienen hambre; nuestras mujeres lloran por no tener con qué alimentar a sus hijos; las madres sufren porque la enfermedad y la desnutrición están acabando con la vida de sus niños, que es su propia vida.

Las familias se están desmembrando, cuando no son los jóvenes quienes parten en búsqueda de oportunidades, son los padres quienes se aventuran, dejando muchas veces a sus niños a cargo de familiares con la idea de reunirse en el futuro.

La crisis es tan profunda que supera las predicciones más descabelladas y nada hace pensar que pueda revertirse si las cosas continúan por el camino que pretende seguir imponiendo el régimen.

Este es el peor momento que hemos atravesado los venezolanos, pero son las mujeres las que llevamos la peor parte. Así lo demuestran los indicadores que hablan del estado de los derechos sociales, políticos, económicos y de salud de la las venezolanas.

En un país donde se violan a diario los derechos humanos más fundamentales, las desigualdades asociadas al género agravan aún más la situación para las mujeres.

Nuestra Constitución en su artículo 21 establece que “No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. (…)”

Pero nada de esto se cumple y no será una realidad, mientras continúen en el poder quienes nos hundieron en esta crisis y comulgan con la idea de doblegar al pueblo para perpetuarse en el poder.

La feminización de la pobreza es un hecho que se hace evidente a través de varios aspectos que hemos comentado anteriormente y consideramos oportuno y relevante reiterar.

Aproximadamente 50% de los hogares de nuestro país tienen a una mujer como cabeza de hogar, y en estos la pobreza crítica alcanza 75%.

Aunque no existen cifras oficiales, estudios realizados por Organizaciones No Gubernamentales arrojan que son las mujeres las que comen menos para favorecer al resto del grupo familiar.

Si pasamos al plano laboral, la brecha salarial es un hecho, como también los es que ante la situación económica las primeras que quedan sin empleo son las mujeres.

En la salud tampoco hay datos alentadores. A la crisis que afecta a todos los venezolanos hay que sumarle las consecuencias que tiene para la mujer el 90% de escasez de anticonceptivos: embarazo precoz, embarazo adolescente, un dramático incremento en la mortalidad materna y de las enfermedades de transmisión sexual.

Con respecto al cáncer de mama, no hay tratamiento en nuestro país, y quienes lo padecen tienen que esperar años para operarse.

La violencia sexual también se ha extendido y afecta de forma especial a las mujeres indígenas, quienes son objeto de discriminación, violencia y prostitución forzada  por parte de mineros ilegales, de grupos armados no estatales y también de fuerzas militares.

Hoy en nuestra Venezuela, muchas mujeres se prostituyen porque se les exigen favores sexuales a cambio de comida y trabajo. ¡Esto es una vergüenza y no podemos permitirlo!

La solución pasa por un tema de reconocimiento de la situación y de voluntad para afrontar el problema. Pero la falta de cifras oficiales evidencian lo lejos que estamos de lo primero y de lo segundo.

Esta semana en la Asamblea Nacional propusimos un proyecto de acuerdo para exigir los derechos de las mujeres y un corredor humanitario que contemple sus necesidades.

Los parlamentarios debemos asumir la responsabilidad de recuperar la información, para denunciar y seguir de cerca la situación que vive la mujer venezolana. Todas las diputadas y diputados tenemos que incluir la perspectiva de género en nuestras acciones. Hacerlo forma parte de la construcción del país que queremos.

Una parte importante del objetivo de cuidar a nuestra familia y a nuestra comunidad, se logrará recuperando la democracia y la institucionalidad.

Muchas valiosas mujeres y organizaciones han trabajado por años en la lucha por los derechos de las mujeres, pero queda todavía mucho camino por recorrer y debemos seguir luchando juntas para lograrlos.

Las mujeres debemos hacer el trabajo, no lo harán por nosotras. Estoy segura de que con la ayuda de Dios, la inquebrantable voluntad de las venezolanas nos conducirá por el camino correcto hacia un futuro de progreso, igualdad y oportunidades.

Nuestra Venezuela está malherida. Tiene un estado de deterioro generalizado. Expertos de distintas disciplinas, nacionales y de todos los rincones del mundo, coinciden en la gravedad de los males que la aquejan. Y el tiempo que ha estado sometida a tantos problemas, que se han ido profundizando, también ha afectado su espíritu, que es su gente.

Pero aunque el pueblo está cansado y desmoralizado, todavía arde en cada venezolano la llama de la esperanza, de una cura para nuestra amada tierra.

¡No tengo duda! Esa llama interior, multiplicada por millones y unida en torno a un objetivo común es la que nos permitirá reconstruir a Venezuela. Ese es el espíritu que invadió esta semana a nuestra querida Aula Magna, en el marco del nacimiento del Frente Amplio.

Una inyección de optimismo, de energía, de protagonismo ciudadano y trabajo colaborativo que se multiplicará por todo el territorio para activar un proceso de cambio para sanar a Venezuela.

Si de algo puedo dar fe, en mi vida como servidora pública, es del rol fundamental de las comunidades en el logro de las soluciones a los problemas que las afectan. Más aún, no es posible superarlos si los ciudadanos no se involucran.

Por eso soy optimista y desde aquí hago un llamado para que desempolvemos la esperanza que el régimen se ha empeñado en destruir, porque ahora es más necesaria que nunca.

Vale la pena luchar por Venezuela, por rescatar la democracia, por devolver a los venezolanos las ganas de permanecer y de regresar a esta tierra, de colmarla de oportunidades, progreso y calidad de vida.

La mayoría de la población está descontenta y de lo que se trata es de canalizar ese malestar y las aspiraciones a través de la participación.

La mayoría de los venezolanos quiere buscar el cambio a través de vías pacíficas y democráticas, lo que incluye el camino del sufragio, pero definitivamente en las condiciones actuales, no existen garantías electorales.

De allí la necesidad de organizarse para luchar también por la restitución de los derechos políticos que nos permitirán un cambio de gobierno y, con él, de las políticas que nos hundieron en la peor crisis de nuestra historia.

Tal como están planteadas las elecciones convocadas para el 20 de mayo, no son más que un simulacro fraudulento e ilegítimo. No cumplen los requisitos mínimos de una elección. Votar no es sinónimo de elegir y eso es algo que el gobierno trata de ocultar.

Son múltiples las irregularidades en el proceso: Obstaculizaron la participación, acortando el lapso para la recolección de firmas en el caso de grupos de electores y candidaturas por iniciativa propia y eliminando los partidos políticos -de 67 organizaciones con fines políticos registradas en 2016, se pasó a 18 tras los procesos de revalidación; se acortó de 11 a 2 días el lapso para presentar las postulaciones; se redujo de 118 a 1 el número de días para modificar o sustituir candidaturas; se eliminaron auditorías clave del proceso; se eligió de forma arbitraria la fecha, con un acortamiento inaudito de los plazos para convocar la elección, que en 2012 fue de más de 6 meses y en 2009 de más de 9 meses; también se redujo el período para la acreditación de testigos; y aunque se anunció una nueva jornada especial de Registro Electoral, durante el primer período, que se limitó a 10 días, se redujo considerablemente el número de puntos y no se publicó la información exacta sobre su ubicación, tal como lo establece la ley electoral.

Con su actuación el gobierno y su poder electoral a la medida están violando de forma flagrante la Constitución y las leyes. Un solo artículo, el 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales nos permite ejemplificarlo: “El proceso electoral se rige por los principios de democracia, soberanía, responsabilidad social, colaboración, cooperación, confiabilidad, transparencia, imparcialidad, equidad, igualdad, participación popular, celeridad, eficiencia, personalización del sufragio y representación proporcional”.

Es evidente el interés de quienes convocaron esta elección. Buscan simplemente una manera de perpetuarse en el poder, pero no lograron el objetivo de legitimar el proceso y tanto en Venezuela como más allá de nuestras fronteras resuena el rechazo a este llamado al voto.

La denuncia ante la crisis humanitaria que estamos viviendo y la exigencia de restitución de los derechos de los venezolanos es un clamor de organizaciones civiles, mandatarios, organismos regionales y mundiales.

Esta misma semana el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó su informe anual y denunció la crisis política, social y humanitaria en Venezuela. Especificó que la situación política y social no reúne las mínimas condiciones para poder celebrar elecciones presidenciales.

Y si bien es cierto que nuestros problemas tenemos que resolverlos los venezolanos, el apoyo internacional que existe por la magnitud de la crisis, será determinante para avanzar en el camino hacia el cambio.

En ese proceso es fundamental el rol de las venezolanas. Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es momento oportuno para reiterarlo. No es una fecha para celebrar sino para reflexionar y para denunciar el retroceso que se evidencia en la mayoría de los derechos de las mujeres. Pero es también un día para aplaudir, agradecer y sumarse a la incansable labor de las organizaciones que luchan en defensa de los derechos de las venezolanas.

Tenemos que seguir adelante, no podemos permitir que nadie se quede atrás, cada niña, cada niño, cada mujer y cada hombre tienen derecho a un país que les permita desarrollar su potencial.

No podemos permitir que el régimen siga destruyendo a nuestra Venezuela. Crezcamos como fuerza basados en aquello que nos une y nutramos ese esfuerzo con todos los puntos de vista que lo enriquecen.

¡Venezuela no se detiene y nos necesita unidos para su reconstrucción!

“El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”, así se lee en el Artículo 19 de nuestra Carta Magna.

Un dicho popular dice que el papel aguanta todo y lamentablemente, en manos del actual gobierno, nuestra Constitución se ha convertido en letra muerta.

El respeto a los derechos humanos de los venezolanos está muy lejos de ser una realidad, más bien vemos cómo a diario son vulnerados y son nuestras mujeres las que llevan la peor parte, con lo que, además, también se incumple el artículo 21 de la Constitución, según el cual “todas las personas son iguales ante la ley”.

Son diversos los ámbitos en los que se manifiesta la desigualdad de género, la ocupación de ciertos cargos tanto en la empresa privada como en el sector público y la remuneración son algunos de ellos, pero la falta de igualdad se observa incluso en aspectos tan fundamentales como la alimentación.

Puede parecer insólito pero cifras mundiales, latinoamericanas y también locales así lo demuestran. En casi el 66 por ciento de los países las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de sufrir inseguridad alimentaria. Son las mujeres y las niñas las más afectadas cuando por alguna razón disminuye la cantidad de alimentos en la mesa familiar. Pues suelen ser ellas las que consumen menos alimentos nutritivos para garantizarlos a los demás.

Refresquemos los datos del informe de Mujeres al límite de finales de 2017: De cada 100 niños con retardo en el crecimiento por déficit nutricional crónico, 53 fueron niñas y 47 fueron niños. En ese mismo sentido, según  Cáritas hasta en un 80% de los hogares se ha disminuido el consumo y variedad de los alimentos, y es la mujer la que deja de comer en el 60% de los estos.

En nuestra Venezuela, mes a mes, para nuestro pueblo se hace más difícil acceder a los alimentos. Su precio sufre una carrera ascendente desenfrenada, cada vez más distante de los ingresos.

La cantidad, variedad y calidad de los alimentos que se colocan en la mesa de los venezolanos se ha deteriorado de forma alarmante debido a la escasez y la hiperinflación.

La desnutrición sigue creciendo y pone en riesgo la vida de nuestro pueblo, que se encuentra en modo supervivencia.

Según la encuesta ENCOVI, cuyos resultados se dieron a conocer la semana pasada, más del 60 por ciento de los venezolanos reconoce acostarse con hambre por no tener dinero para comprar alimentos. En total 80 por ciento de los hogares presenta una situación de inseguridad alimentaria.

Según la ONU -en su informe Convirtiendo promesas en oportunidades: la igualdad de género en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible-, en Venezuela 33,01 por ciento de las mujeres padece inseguridad alimentaria moderada o severa, en comparación del 30,89 por ciento de los hombres, una brecha de 2,12 por ciento.

Las mujeres ganan menos que los hombres, son las que destinan más tiempo a tareas no remuneradas, como es el caso de los cuidados domésticos y tienen menos posibilidades de acceder al mercado laboral.

Ante esta situación no se espera una respuesta proteccionista, de lo que se trata es de generar las condiciones para que las mujeres tengan la oportunidad de contribuir con la búsqueda de alternativas para que ellas y sus familias salgan adelante.

En Venezuela las mujeres pasan interminables horas en colas y peregrinando en búsqueda de alimentos y productos básicos. Además las tareas más cotidianas, como lavar o cocinar se convierten en grandes retos por la falta de agua y gas, por poner tan solo dos ejemplos. ¿Cuál es el tiempo entonces que pueden destinar al trabajo? ¿De tenerlo cuál es la calidad de ese tiempo? Al final, eso repercute en sus posibilidades de obtener y mantener un empleo de calidad.

Mencionamos en una entrega anterior que, según estudios del Banco de Desarrollo de América Latina, incorporar a las mujeres masivamente al sector productivo, pudiera aumentar en 34 por ciento el crecimiento de la región, lo que es respaldado por la ONU.

Según este organismo, que las mujeres accedan al mercado laboral sería un avance en lo que a igualdad se refiere pero también tendría un impacto positivo en la economía.

Entre las recomendaciones de la ONU está la necesidad de políticas integradas para generar sinergias que apunten a lograr la igualdad de género lo que, a su vez, es un factor que coadyuvaría en el cumplimiento de la agenda 2030.

Según el organismo si las mujeres tienen posibilidades de disminuir su carga de trabajo no remunerado pueden acceder a oportunidades de empleo.  Pero la solución a todo problema pasa por la necesidad de dimensionarlo, por lo que una de las recomendaciones es contar con estadísticas adecuadas, lo que también puede contribuir con la rendición de cuentas de quienes tienen en sus manos responsabilidades asociadas con el logro de la igualdad de género.

Lo que se necesita es voluntad. Hay que pasar del discurso a la acción y eso requiere un trabajo conjunto de los distintos niveles de la administración pública, el sector privado y la sociedad civil. Pero ya sabemos que en manos de este régimen que nos destruye no habrá ninguna solución.

Por eso debemos rescatar la democracia para crear un ambiente en el que se respeten las leyes y surjan las condiciones económicas necesarias para que los venezolanos podamos recuperar la calidad de vida de nuestro pueblo y reconstruir al país.

Hay que tomar conciencia de la importancia de que cada venezolana y venezolano se convierta en parte de la solución. Cada esfuerzo cuenta y hay que asumirlo en primera persona.

Tendamos la mano a nuestras mujeres, para que puedan desarrollar sus capacidades y contribuir con la reconstrucción de sus vidas, la de sus familias, sus comunidades y el país. ¡Pero cuidado! Dar la mano no es recurrir a dádivas, de lo que estamos hablando es de ofrecer herramientas, condiciones y oportunidades para el progreso.

Mirando a los ojos de las niñas, las mujeres y las abuelas de nuestro país se encuentra un tesoro. Es verdad que la tristeza está allí, pero no está sola, la acompañan un inmenso amor por su familia y una fuerza única para sobreponerse a las situaciones más difíciles.

Me siento profundamente orgullosa de ser mujer y de ser venezolana y estoy convencida de que apuntalando el desarrollo de nuestras mujeres estaremos colocando los cimientos para la recuperación de nuestra amada Venezuela.