Hay que recordar que fue apenas en noviembre de 2010, por las fuertes lluvias que devastaron zonas enteras del país, que este gobierno, finalmente, incorporó a la agenda la construcción de viviendas para atender a los damnificados, y a pesar de ello, todavía hoy, hay cientos de ellos en refugios.

En el tema de vivienda y servicios existe una enorme deuda social de parte del gobierno central y de gobiernos anteriores.

El artículo 82 de nuestra Constitución establece el derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, de buena calidad y es clara en la responsabilidad del Estado en la satisfacción de este derecho. Pero el gobierno de Maduro, ha violado reiteradamente nuestra Constitución cuando no permite que los beneficiarios de las viviendas construidas gocen de la propiedad plena que los acredite como verdaderos e indiscutibles titulares del derecho legítimo de propiedad.

Su política de chantaje es tal, que desde que comenzamos a hablar de Ley De Otorgamiento de Títulos De Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que busca tener un país de venezolanos propietarios, dueños de sus vidas y de su futuro, comenzaron con sus cálculos políticos, alegando que lo que se quiere es privatizar la vivienda.

¡Nada más alejado de la realidad! De lo que se trata es de dar garantías a los beneficiarios, de regularizar el otorgamiento del derecho de propiedad plena, de dar seguridad y cumplir con lo que explícitamente dicta el texto constitucional.

Para el gobierno es más importante seguir defendiendo un modelo político fracasado que se basa en el engaño y la sumisión. Es imposible que se pregunten si puede estar tranquilo un padre que no tiene la certeza de que podrá dejar esa vivienda a sus hijos y estos a su vez a sus nietos, porque sólo son ocupantes. Es imposible que se pregunten si nuestro pueblo duerme tranquilo sabiendo que la vivienda que ocupa no le pertenece y le puede ser arrebatada a discreción por el modelo del chantaje que defienden.

Nosotros, desde esta Asamblea Nacional, que ahora sí es del pueblo, queremos decirle a toda Venezuela las razones por las que hemos propuesto y vamos a aprobar esta ley, para que no sigan creyendo en las mentiras que repiten día y noche en los medios del Estado.

El único  objeto de esta ley es regularizar el otorgamiento de la titularidad del derecho de propiedad plena, para defender la vivienda como primer activo para conformar el patrimonio familiar. El Estado tiene que cumplir su deber ineludible de  conferir a los ciudadanos la titularidad de las unidades habitacionales adjudicadas y por adjudicar. No sólo se trata de los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela; preguntemos a quienes recibieron apartamentos en el 23 de Enero si han recibido sus títulos de propiedad. Esa deuda también tenemos que saldarla y tiene que ser saldada con esta Ley.

Esta ley dará la plena propiedad sobre la vivienda entregada, como una manera de generar los incentivos para que la familia invierta en el mantenimiento de su inmueble y la comunidad invierta en las mejoras de las áreas comunes y la infraestructura conexa. Así se promueve en la comunidad el sentido de pertenencia, de seguridad familiar y la responsabilidad hacia el entorno y lo social, fomentando nuevos valores en el ciudadano.

En lo político hay algo muy importante que se propone esta ley: acabar con la manipulación y al chantaje para votar por éste ni ningún otro gobierno. Se trata de eliminar la discrecionalidad con la que se ha manejado este programa. Lo que se busca es precisamente que la Gran Misión Vivienda Venezuela sea realmente un programa social, donde mande la necesidad y no el color político.

Este proyecto incorpora disposiciones para reconocer el derecho de propiedad individual, según lo establece el artículo 115 de la Constitución, para quitarle los calificativos que este gobierno ha querido imponerle sin que pueda darse a estas denominaciones calificativos de propiedad colectiva o social que lo desnaturalizan.

Además se establecen mecanismos extraordinarios cuya puesta en ejecución permita estar en posición de emitir, suscribir y protocolizar ante la Oficina de Registro Inmobiliario correspondiente, los documentos acreditativos de la Propiedad sobre las unidades habitacionales en el marco de la Misión Vivienda.

 

Pero no sólo se trata de tener una vivienda, sino de que realmente cumpla las condiciones para que la familia mejore su calidad de vida. Y es que más que una carrera de números engañosos sobre la cantidad de viviendas, deberíamos ver las condiciones de las mismas, el proceso de deterioro que han sufrido muchas de ellas entre otras cosas por el uso de técnicas de construcción que no se adaptan a nuestra realidad, porque en lugar de realizarse con talento venezolano se recurre a empresas extranjeras y a mano de obra foránea, al punto que muchos de estos conjuntos habitacionales se ejecutaron sin observancia de las leyes nacionales y normas técnicas. No son pocos los edificios de la Gran Misión Vivienda que evidencian grietas, filtraciones, hundimiento de drenajes, no solo por problemas con la construcción y con los materiales, sino incluso porque se han levantado sobre terrenos no aptos.

El que las edificaciones de Misión  Vivienda tengan un carácter social, no significa que sean de mala calidad o que no contemplen todo lo necesario desde el punto de vista urbanístico. Es imperativo garantizar el equipamiento urbano mínimo para que los habitantes tengan garantizado acceso a servicios públicos, atención de salud, educación, comercios, recreación, oportunidades de empleo, transporte.

Quienes estamos en la Asamblea Nacional llamados a ser la voz de los venezolanos insistiremos, a pesar de los obstáculos que quieran colocarnos, en garantizar a los venezolanos su derecho a ser dueños de su futuro y tengan la seguridad de que unidos vamos a lograrlo.