Venezuela merece toda nuestra entrega y disposición para construir el país de progreso que soñamos. Por eso, desde la Asamblea Nacional, continuamos trabajando para llevar soluciones a las comunidades y para
prepararnos para que Venezuela cuente con una legislación que le
permita progresar cuando logremos el cambio político a través del Revocatorio.

La respuesta del gobierno, especialmente a través del TSJ, ante cada
actuación de la Asamblea Nacional, hace que muchos venezolanos se
pregunten de qué vale el esfuerzo legislativo que estamos haciendo. La
respuesta es que a pesar de los esfuerzos del gobierno por liquidar la
Asamblea Nacional, tenemos que seguir legislando para lo que viene,
para responder a las necesidades del pueblo venezolano. Tenemos que
contar con una legislación que facilite un cambio de modelo económico
que nos permita progresar.

En ese contexto, esta semana realizamos la consulta púbica de la Ley
Orgánica de Hacienda Pública Estadal, que promueve la
descentralización para devolverle la autonomía política y financiera a
las gobernaciones, de modo que puedan ampliar sus fuentes de
financiamiento para que no tengan que depender del gobierno central.
Le han quitado a las gobernaciones sus competencias con lo que han
perjudicado al pueblo, que ha visto deteriorada su calidad de vida.
Que la asignación de recursos a las regiones dependa del funcionario
de turno da lugar a la discrecionalidad.

Luego de 17 años de gobierno centralista llegó el momento de devolver
a los estados el rol que les corresponde. En el año 1993, estando en
el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, firmamos con cada uno de
los estados convenios de descentralización y transferencia de
competencias de administración, conservación y mantenimiento de
carreteras puentes y autopistas.

En el 2009, como Secretaria de Gobierno en la Gobernación de Miranda
me tocó vivir el proceso de reversión de la transferencia de
competencias al poder central. ¿Y cuál ha sido el resultado? En ese
período hemos visto el proceso de deterioro de carreteras, puentes,
autopistas e incluso de la vialidad agrícola, que prácticamente
desapareció.

Como consecuencia de la reversión de competencias vivimos experiencias
terribles en la Gobernación de Miranda, catalizadas por el centralismo
politiqueros de dar recursos  a los estados cuyos gobernadores están
con el gobierno, mientras niegan los créditos adicionales a los
estados que están conducidos por gobernadores que adversan al
gobierno.

Este modelo económico que está destruyendo a nuestra Venezuela, no
cree en la creación de riqueza y en la prosperidad de los ciudadanos.
Es un modelo centralizador, que piensa que la riqueza es una torta que
se reparte y no precisamente para beneficio del pueblo sino de una
cúpula.

La propuesta de Ley de Hacienda Pública Estadal se fundamenta en que
los venezolanos somos generadores de prosperidad y estamos en
capacidad de contribuir con el progreso del sitio donde vivimos.
Creemos en un modelo de emprendimiento en la libre competencia y en un
estado que permita que todos prosperemos, esta ley promueve esa
posibilidad.

Para este gobierno los trabajadores de las gobernaciones son
trabajadores de segunda, lo que se firma para los trabajadores de la
administración central no aplica para las regiones.

Precisamente por eso es fundamental que reconozcamos el proceso de
organización y participación que se ha venido dando en las
comunidades. Tenemos que trabajar para que en el proceso de
transferencia de competencias desde el más alto nivel hasta las
comunidades, todas las instancias tengan su debida participación.

La concentración territorial ha contenido la posibilidad de que como
país sigamos adelante. Necesitamos leyes que nos permitan en un futuro
cercano una nueva estructura de poder que nos permita el país que
todos queremos.

Lo que se busca es fomentar la transparencia y eficiencia a la hora de
administrar y asignar los recursos para que la ciudadanía sepa de qué
manera las autoridades invierten el dinero público.

Con esta ley evitaremos que, tal como ocurre ahora, el gobierno
central decida que un estado no recibe recursos porque su gobernador
le adversa políticamente, como ocurre por ejemplo con Miranda, donde
en este preciso momento 37 mil trabajadores están siendo afectados
porque el gobierno luego que anuncia aumentos no transfiere los
recursos a la entidad.

Es para superar la injusticia que encierra este modelo, para dar a los
venezolanos un país de oportunidades, que seguimos, sin descanso,
trabajando por el futuro de nuestra Venezuela.

Por eso aquí no descansamos y gracias al esfuerzo, el compromiso y la
mística de millones de venezolanos, hoy estamos listos para el 20%.

Hemos vencido todas las trabas que nos ha puesto el CNE y
continuaremos exigiendo que se respeten los derechos políticos de los
venezolanos. Por esa misma semana junto a las mujeres de Miranda,
fuimos al CNE a alzar nuestra voz para exigir una fecha para el 20% y
seguiremos movilizándonos.

Este país es de todos los venezolanos, no dejemos que nos roben la
esperanza de tener un futuro mejor. ¡Ya basta de crisis, es hora de
progresar!