Hoy 37 mil trabajadores del Gobierno de Miranda y sus familias viven la angustia de no saber si cobrarán su quincena. En un país donde vivimos al día, esto significa que nuestros trabajadores no saben si podrán hacer mercado. El gobierno central, en su empeño de pasar factura a nuestro Gobernador, atropella los derechos de los servidores públicos que trabajan por el pueblo mirandino.
El 24 de marzo de 2014 a todos los estados y alcaldías del país, les fue depositado el Situado Constitucional, menos a Miranda, a pesar de que el presupuesto está legalmente aprobado por el gobierno central. Según el artículo 167 de la Constitución los estados recibirán un porcentaje de los ingresos de la nación a través del Situado Constitucional. Es con dichos recursos que se cubren los gastos y los programas de nuestra Gobernación.
Tal como está la situación, si el dinero no ingresa antes del 08 de abril, nuestro personal administrativo, obrero y contratado no cobrará su sueldo. Tampoco cobrarían los empleados del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, de la Contraloría de la Procuraduría de Miranda y los funcionarios de los 19 entes descentralizados de la Gobernación, además de los pensionados y jubilados.
Incluso los beneficios de nuestros trabajadores, como los tickets de alimentación, el HCM y el bono vacacional para aquellos a quienes les correspondía recibirlo se verían afectados. Tampoco se podrán cancelar los viáticos y todo lo relacionado con el Operativo de Semana Santa 2014.
Lamentablemente la lista continúa. La decisión del gobierno afectaría a los alumnos que se benefician del programa de alimentación MiPae, a las Madres Procesadoras y a los beneficiarios de las becas Soy Escolar, Soy Especial, Soy Bachiller y Soy Maestro.
Pero no sólo se trata del Situado Constitucional. Como alertamos en días anteriores, la continuidad de más de 200 proyectos para nuestro pueblo mirandino se verá afectada porque tampoco transfieren los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial para las obras de infraestructura social que ejecutamos en nuestra gestión. Ese es el caso de la escuela de Jardines de Betania, que se encuentra en riesgo porque para el gobierno es más importante la política que la educación. Hoy, durante una asamblea popular que realizamos en Jardines de Betania, en Valles del Tuy, la comunidad fue contundente al expresarnos su preocupación pues lo que está en juego es el futuro de sus hijos.
A nuestra gente de Jardines de Betania y a todas las comunidades, cuyos proyectos están afectados por la decisión del gobierno central, les hemos dicho que deben unirse y organizarse. Para nosotros lo más importante es cumplir con nuestros trabajadores y nuestro pueblo, por eso junto a ellos estamos exigiendo que el gobierno central transfiera los recursos que son de los mirandinos. ¡No más chantaje! ¡El salario de nuestros trabajadores y los proyectos de nuestro pueblo son sagrados!