Gobierno central debe ser responsable con construcción de viviendas

_MG_9900En enero de 2012, compartí en este espacio un artículo publicado por el diario El Universal con relación a la problemática de la vivienda en nuestra Venezuela. Hoy, año y medio después, podría publicar el mismo artículo  (https://adrianadelia.com/2012/01/05/no-se-trata-de-construir-casas/) sin cambiar una coma, porque no ha habido avance o reconsideración por parte del Estado, en cuanto a la oferta de una solución real y definitiva, y no simplemente paliativa y transitoria, con respecto a tan importante tema.

Aquí no se trata de levantar paredes y techos, prácticamente por generación espontánea. Es fundamental que el problema se resuelva de forma integral para garantizar que la vivienda sea una verdadera solución desde el punto de vista social. Lo principal, como lo decía en aquel entonces, es contar con terrenos seguros y aptos para el desarrollo de ciudades planificadas, con servicios, escuelas, ambulatorios, canchas deportivas y centros generadores de empleo, que dinamicen la economía.

Si esta premisa no se cumple, en muy poco tiempo, la “solución” se transforma en problemas y comienza a demandar recursos que los beneficiarios no siempre están en capacidad de asumir. Y ahora a esto hay que sumarle el establecimiento de cuotas para pagar las viviendas entregadas.

El ritmo o falta de planificación que se ha impuesto en algunos de los proyectos hace que, a menos de dos años de su edificación, algunas viviendas exhiban problemas de envergadura, que colocan a sus habitantes en situaciones incluso más precarias que las vividas antes de mudarse.

Sin ir muy lejos, el pasado 24 de mayo, el Diario El Tiempo de Puerto La Cruz publicó una información según la cual en Guanta los vecinos de la urbanización Simón Bolívar han visto cómo las paredes de sus casas se resquebrajan y el terreno se socava cada vez que llueve. Cómo puede explicarse que un conjunto de viviendas construido para resolver la crisis habitacional, en algunos casos, incluso deban ser demolidas, según relatan sus ocupantes.

Estas situaciones son denunciadas permanentemente a través de los medios. En el caso específico de Miranda,cada día tenemos más solicitudes de incorporación en nuestro presupuesto de proyectos de recuperación de edificios multifamiliares de la clase popular urbana.

Comparto a manera de ejemplo algunas cifras. Según los cálculos que manejamos, para reparar los frisos de las fachadas y pintar y ejecutar la impermeabilización del techo, que debe realizarse aproximadamente cada 7 años, cada familia debería aportar una cuota especial de 22 mil 250 bolívares. En este caso si asumimos que las dos cabezas productivas de esa familia ganan salario mínimo, tendríamos un ingreso familiar de  4 mil 914 bolívares, necesitando más de cuatro veces el ingreso familiar para cubrir la alícuota de mantenimiento. Definitivamente inviable.

En algunas edificaciones los ascensores tienen años dañados y los costos de reposición son inaccesibles para estas familias, mucho más cuando el país depende de las divisas y los repuestos importados. Esto hace que muchos adultos mayores y personas con discapacidad estén impedidos de salir de sus apartamentos o de ingresar en ellos.

Otro factor de peso es que la mayoría de los bloques proyectados y construidos por el Estado no fueron transferidos en ese momento en propiedad horizontal, y su funcionamiento no se rige por dicha ley. Estos edificios carecen de conserjerías y lo que pueden destinar a mantenimiento son recursos muy escasos para asuntos menores, como por ejemplo la limpieza de áreas comunes.

Por ello no dudamos en afirmar que el Estado tiene una enorme deuda social con estas familias, que requieren de su apoyo para afrontar el mantenimiento y reparación de sus viviendas. Pero ahora, lejos de cubrir dicha deuda, el Estado les pide que paguen por las viviendas que ocupan. Ciertamente muchas familias vieron resuelto en su momento un problema habitacional con estos apartamentos, pero hoy no cuentan con los recursos para pagar, ni siquiera las cuotas de mantenimiento, lo que puede incluso poner en riesgo la integridad de las edificaciones.

En el Gobierno de Miranda, conscientes de dichas dificultades, hemos creado la modalidad de entrega de Certificados Colectivos que permiten que bajo la administración delegada, los propios vecinos lleven a cabo el proceso de contratación de la empresa que ejecutará las mejoras y se encarguen de la contraloría para hacer frente a las reparaciones de sus edificios. Asumimos este compromiso con los mirandinos porque es nuestra política atender las necesidades de nuestro pueblo pero se hace indispensable que el Estado asuma su responsabilidad para resolver el problema de fondo que se origina en la falta de planificación e improvisación que caracteriza la Gran Misión Vivienda Venezuela.

La atención a la problemática de la vivienda requiere el trabajo articulado de los distintos niveles de gobierno y todos los sectores de la sociedad, pues cada uno tiene competencias específicas que se complementan. El gobierno nacional debe ocuparse de  la inversión masiva en servicios e infraestructura; las gobernaciones deben atender la inversión en equipamiento como escuelas, ambulatorios y canchas; y los municipios se encargan de los catastros y redes locales de servicios.

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